El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha reconocido este miércoles que es "muy complicado" llegar a una solución amistosa que resuelva la reclamación por 450 millones de euros que presentó Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la compañía, por los retrasos en el vertido de cemento del Canal de Panamá.
En una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas que la compañía celebrada ayer jueves, Manrique ha explicado que el conflicto está ahora en manos del organismo de resolución de disputas DAB -integrado por expertos independientes- y que este año habrá una resolución al respecto. En este sentido, ha añadido que la reclamación sigue el calendario previsto y que los retrasos en los trabajos del Canal de Panamá son "anecdóticos".
El consorcio GUPC, en el que Sacyr es socio mayoritario junto a la italiana Impregilo, presentó hace ya casi un año una reclamación de US$573 millones, que luego aumentó a US$588 millones, por los retrasos que había tenido, especialmente los referentes al comienzo del vertido de cemento en las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Esta reclamación fue rechazada por la Administración del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo panameño que administra y opera la vía interoceánica. Los argumentos esgrimidos por GUPC en el sobreprecio que plantea se fundamentan principalmente en los meses de atraso que sufrió la obra debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal.
En una rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas que la compañía celebrada ayer jueves, Manrique ha explicado que el conflicto está ahora en manos del organismo de resolución de disputas DAB -integrado por expertos independientes- y que este año habrá una resolución al respecto. En este sentido, ha añadido que la reclamación sigue el calendario previsto y que los retrasos en los trabajos del Canal de Panamá son "anecdóticos".
El consorcio GUPC, en el que Sacyr es socio mayoritario junto a la italiana Impregilo, presentó hace ya casi un año una reclamación de US$573 millones, que luego aumentó a US$588 millones, por los retrasos que había tenido, especialmente los referentes al comienzo del vertido de cemento en las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Esta reclamación fue rechazada por la Administración del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo panameño que administra y opera la vía interoceánica. Los argumentos esgrimidos por GUPC en el sobreprecio que plantea se fundamentan principalmente en los meses de atraso que sufrió la obra debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal.
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