BUFETES ANGLOSAJONES COPAN LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS EXPROPIADAS ESPAÑOLAS

Las 19 compañías con arbitrajes pendientes en el Ciadi, en Washington, se confían a Freshfields, Jones Day, King & Spaulding o Weil Gotshal & Manges. Uría es la única firma española que las asesora.

Cerca de veinte empresas españolas tienen arbitrajes pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), en Washington, contra países latinoamericanos que han modificado de improviso las reglas del juego o, directamente, han expropiado sus activos. Estas compañías acumulan 21 procedimientos en esta corte de arbitraje y conciliación que es parte del Banco Mundial. Se trata del foro internacional más importante al que tienen acceso los inversores privados para defender lo que consideran abusos por parte de Estados en los que tienen intereses.

La gran mayoría confía su defensa a bufetes anglosajones. El despacho que asesora en más casos es el británico Freshfields Bruckhaus Derringer, seguido de los estadounidenses Jones Day y King & Spaulding.

Cabe destacar que el asesoramiento de Jones Day lo ofrece la oficina de Madrid de este despacho originario de Estados Unidos. Según ha podido saber EXPANSIÓN, los casos cuya defensa no es pública recaen, de nuevo, en Freshfields, seguido de Weil Gotshal & Manges, King & Spalding y Skadden Arps.

En ocasiones, las empresas españolas confían en bufetes nativos, como el argentino Marval, O’Farrell & Mairal. El único despacho español presente en estos procesos es Uría Menéndez, que asesora a Repsol y a Iberdrola.

Arif Ali, socio de Weil Gotshal & Manges especializado en la defensa de los intereses de empresas españolas en Latinoamérica ante el Ciadi, fundamenta el auge de los conflictos entre las compañías españolas y los gobiernos latinoamericanos en la crisis y en los cambios geopolíticos. Por un lado, apunta que "las empresas españolas tienen que invertir en el mundo para sortear la recesión interna". Y, por otro, añade que "se encuentran con la competencia que ejercen los países emergentes".

A juicio de Ali, ya no se trata tanto de que algunos países hispanoamericanos adolecen de seguridad jurídica, sino de que ya son competidores económicos de España o sufren a su vez la competencia que otros países emergentes como Brasil, China o Rusia ejercen contra España, lo que motiva decisiones desfavorables para las compañías españolas. Por estos motivos, el socio de Weil Gotshal & Manges llama a las empresas españolas a tener en cuenta todos estos riesgos en su planificación.

Entre tres y cinco años
Ali cree que el arbitraje, que tarda entre tres y cinco años, da resultados. En cuanto a Repsol, el Ciadi ya ha aceptado la demanda que presentó la petrolera contra Argentina por la expropiación de YPF en abril del año pasado. Para defenderla, Repsol ha contratado a Uría Menéndez, en Madrid; Freshfields, en Washington, y Marval, O’Farrell & Mairal, en Buenos Aires. Weil Gotshal & Manges coordina toda la defensa.

Las quejas que recibe este tribunal suelen referirse a expropiaciones, como la de YPF, lo que normalmente acarrea la petición de una indemnización. En el caso de Repsol, asciende a 10.500 millones de dólares, si bien los expertos ven poco probable que llegue a cobrar esta cifra.

Los despachos deberán pelear por conseguirla y tendrán enfrente al tribunal de tasación que ha contratado Cristina Fernández de Kirchner para cuantificar el daño ambiental que, según dice, causó la gestión española de YPF. Esto puede traducirse en multas equivalentes al valor de la indemnización. "Hablamos con los gobernadores para que liquiden los daños ambientales. Seremos absolutamente inflexibles", dijo el ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido.

Argentina no tiene ninguna intención de pagar los 10.500 millones a Repsol. Y si la Justicia le obligara a hacerlo, los analistas esperan que Kirchner convierta el proceso en interminable. Las resoluciones del Ciadi son obligatorias, pero siempre podrá pedir que un segundo grupo de árbitros revise el laudo que, de entrada, no tardará menos de dos años.

Algunos dictámenes se han extendido un lustro, motivo por el que muchas empresas optan por retirar sus requerimientos y llegar a un acuerdo con el Gobierno.

Esto se antoja imposible en la demanda contra Argentina, el país con más denuncias ante órganos arbitrales. La demanda está ahora pendiente de la formación del tribunal, que estará compuesto por tres árbitros: uno designado por el Ciadi, otro por Argentina y otro por Repsol, que ha propuesto a Francisco Orrego Vicuña, un abogado chileno.

Ahora toca mover ficha al Ejecutivo de Kirchner, que deberá pronunciarse y designar su propio árbitro. Si no lo hiciera, el Ciadi podría realizar todos los nombramientos.

José María Viñals y José Luis Iriarte, socio y of counsel de Lupicinio Abogados, respectivamente, firma que colabora con Weil, concluyen que "el arbitraje como mecanismo para resolver diferencias en materia de inversiones tiene indudables ventajas como neutralidad, especialización y flexibilidad".