EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPALDA A LAS EMPRESAS QUE PUJAN POR EL AVE EN BRASIL

El Gobierno moviliza 500 millones para las empresas españolas que pujan por el AVE en Brasil: trabaja para contrarrestar los ataques a la oferta en el extranjero por las dudas sobre la seguridad.

El Gobierno no está dispuesto todavía a tirar la toalla en la puja por el AVE Rio-Sao Paulo, un contrato valorado en unos 15.000 millones. Se va a volcar con el consorcio de empresas que optan a adjudicarse el proyecto tras las dudas que han surgido a nivel internacional sobre la seguridad ferroviaria en España. El Gobierno tiene previsto apoyar al consorcio de empresas que optan a este contrato (Renfe, Adif, Ineco, Talgo, Elecnor, Cobra- ACS, Abengoa, Indra, Thales, Bombardier y Dimetronic).

La oferta española necesitaría, en el caso de adjudicarse el contrato, alrededor de 500 millones de euros para hacer frente a los avales que se tienen que presentar, y  el Ejecutivo asumiría ese montante, ayudado también por la financiación de la banca. Se busca así dar un impulso a esa obra tan importante para las empresas españolas, que sirva para demostrar la seguridad de la infraestructura ferroviaria en España tras el trágico accidente cerca de Santiago, en el que han perdido la vida 79 personas.

Disipar las dudas en el extranjero

Asimismo, el Gobierno también se está movilizando a través de las embajadas para contrarrestar los ataques que está recibiendo la oferta española por el AVE en Brasil tras el accidente. No solo está insistiendo en que el siniestro no se produjo ni en un AVE, ni en un trazado de alta velocidad. También está poniendo en valor el contrato adjudicado este lunes a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para construir tres líneas del metro de Riad (Arabia Saudi) por más de 6.000 millones como muestra de que el accidente no ha mermado la confianza en las empresas españolas para llevar a cabo proyectos ferroviarios en el extranjero.

 

 

 

ABENGOA Y SACYR CONSIGUEN CONCESIONES EN PERU.

Subsidiaria de española Abengoa firma concesión de línea eléctrica en el Perú

La empresa ATN 3, subsidiaria de la española Abengoa, firmó este jueves con el Estado peruano el contrato de concesión para la construcción y operación de una línea de transmisión de 220 kilovoltios (kV) en la región Cuzco.

 

El representante de la sociedad concesionaria ATN 3, Ignacio Baena, participó en la firma del contrato junto al jefe de Proyectos Eléctricos e Hidrocarburos de la oficina estatal ProInversión, Aníbal del Águila, y el director general de Electricidad del ministerio de Energía y Minas, Orlando Chávez, entre otros funcionarios.

 

El contrato de concesión de la "Línea de Transmisión 220 kV MachuPicchu-Quencoro-Onocora-Tintaya y Subestaciones Asociadas" permitirá completar el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) en la zona sur este del Perú, subrayó un comunicado de ProInversión. La empresa adjudicataria se encargará del diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la referida línea, con una inversión de US$114 millones, por un período de 30 años después de los 38 meses designados para la construcción del proyecto. El Jefe de Proyectos Eléctricos e Hidrocarburos de ProInversión, Aníbal del Águila, informó que "este año ya se han entregado proyectos de este sector por más de US$900 millones en compromisos de inversión".

 

Sacyr entra en Perú con la construcción de dos centrales hidroeléctricas por US$77,9M

Sacyr, a través de su filial Sacyr Construcción, ha obtenido su primer contrato en Perú con la construcción de dos centrales hidroeléctricas con una inversión de U$77,9 millones.

 

El contrato con la compañía Generación Andina es de tipo EPC (proyecto, construcción, suministro de equipos, montaje electromecánico y puesta en marcha) y consiste en la construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (en el departamento de Huánuco, al Noroeste de Lima) y 8 de Agosto (en la provincia de Humalíes) así como la línea de transmisión a Tingo María. La Central Hidroeléctrica 8 de Agosto tiene un salto bruto de 145 metros y aprovechará un caudal de 18 m3/sg., para generar en una central en superficie 19,83 MW y producir 141 GWh de energía bruta anual. Entre las obras que realizará Sacyr en esta central destacan el sistema de conducción de 3.243 m de tubería en GRP, un tramo de túnel de 897,6 m de longitud, la presa derivadora con barraje móvil y compuerta de purga, entre otras. La Central Hidroeléctrica de El Carmen aprovechará un caudal bruto de 4,5 m3/sg., para generar en una central en superficie una potencia de 8,6 MW y producir 52,3 GWh de energía bruta anual.

 

Esta adjudicación marca un nuevo paso en el proceso de internacionalización de Sacyr, que consolida su presencia en Latinoamérica, con mercados en pleno desarrollo. En 2013 Sacyr ha iniciado operaciones también en Qatar, India y Mozambique. La alta capacitación técnica y tecnológica de Sacyr le ha permitido ganar proyectos en los cinco continentes (más de 20 países). Gracias a esta diversificación, el 80% de la cartera de obra procede ya de contratos en el exterior.

 

MÉXICO INDEMNIZARÁ A ABENGOA

El Gobierno de México confirmó hoy que ha perdido un caso interpuesto en un tribunal arbitral del Banco Mundial (BM) después de que se impidiera a la empresa Befesa, filial de Abengoa, operar un depósito de residuos peligrosos que había construido en Zimapán, en el centro del país. "Finalmente el resultado del laudo tiene que enfrentarlo el Gobierno federal", explicó hoy a los periodistas el secretario (ministro) de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, en un breve comentario sobre el caso durante una gira por el estado de Hidalgo, al que pertenece Zimapán.

El ministro admitió que la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del BM sobre el litigio entre México y España fue favorable a este último país, lo que establece que se violó el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones entre ambos países. "Es una controversia inversionista-Estado, que se ampara a través de los compromisos internacionales que tiene México y en ese contexto el tribunal internacional dice ya tener su determinación", dijo Guajardo. Señaló que ahora lo que queda es que se resarza "a los inversores del daño causado por decisiones que no son congruentes con los compromisos que tiene el país en materia de inversiones". El ministro mexicano no especificó suma alguna ni el momento en que se deberá concretarse el pago, pero señaló que se fijará "de acuerdo a las conversaciones que se tengan con los inversores".

No obstante, el diario mexicano Reforma adelanta hoy que la suma estará "entre 42 y 45 millones de dólares" que irían a parar a Abengoa y a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), copartícipe en el proyecto.

La planta de confinamiento de residuos peligrosos, como son los aceites industriales o las pinturas, comenzó a ser construida en agosto de 2006 y con ella se pretendía evitar que los productos fueran vertidos a los ríos y acuíferos de México sin control. En el proceso, los inversores españoles habían obtenido permisos de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y del propio ayuntamiento, que fueron desconocidos.

El depósito de residuos quedó erigido en el límite entre los estados de Hidalgo y Querétaro, muy cerca de la reserva natural de Sierra Gorda, declarada territorio protegido por el Gobierno mexicano y Patrimonio de la Humanidad por la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La obra pública que realizó la empresa española quedó prácticamente lista, pero el entonces alcalde de Zimapán, el izquierdista José María Lozano, bloqueó la actividad del depósito de residuos peligrosos con el apoyo del movimiento "Todos somos Zimapán". Este colectivo acusó a la empresa Befesa, filial del grupo español Abengoa, de contaminar con arsénico el manto acuífero del lugar, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México.

En las oficinas mexicanas de Abengoa dijeron a Efe que no había ninguna persona autorizada para hacer comentarios sobre la resolución del CIADI.

 

EMPRESAS ESPAÑOLAS SE HACEN CON CONCESIONES ELÉCTRICAS EN BRASIL

La compañía española Abengoa se adjudicó tres de seis concesiones de transmisión eléctrica subastadas este viernes en Brasil, mientras que Isolux obtuvo una y la compañía brasileña Neoenergia, en la que Iberdrola tiene 39% de participación, se quedó con otra.

 

De las diez concesiones para construir y operar líneas de transmisión eléctrica

subastadas este viernes en la bolsa de valores de Sao Paulo por el regulador Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), cinco quedaron en manos de compañías con capital español y cuatro fueron canceladas por falta de interesados.

 

Según la Aneel, los vencedores de las seis concesiones se comprometieron a recibir una remuneración anual por el uso de sus líneas en promedio en 11,96% inferior al precio mínimo fijado por el regulador para otorgar las concesiones. Las concesiones de transmisión eléctrica en Brasil son otorgadas a las empresas que se comprometen a cobrar las menores tarifas anuales.

 

Abengoa Concesiones Brasil, una subsidiaria de la empresa española Abengoa y que ya cuenta con más de una decena de concesiones eléctricas en el país, fue la principal vencedora en la subasta, con tres nuevos contratos. La subsidiaria de Abengoa se adjudicó el lote B, compuesto por dos líneas de transmisión en los estados de Piauí, Pernambuco y Ceará; el lote C, con dos líneas de transmisión en Maranhao, Piauí y Ceará, y el lote I, del que formaban parte cinco líneas de transmisión y una subestación en los estados de Pará y Tocantins.

 

Abengoa aceptó recibir por el lote B una remuneración anual de 49,03 millones de reales (unos US$24,5 millones), en 23,7% menor que la propuesta por la Aneel, así como 45,7 millones de reales (unos US$22,8 millones) por el lote C, con una renuncia del 21,94%, y 197,3 millones de reales (unos US$98,6 millones) por el lote I, con una renuncia de 5,02%.

 

Neonergía, distribuidora eléctrica de la que la española Iberdrola es operadora,  venció la subasta por el lote G, compuesto por una línea de transmisión de 500 kilovatios entre los estados de Paraíba y Río Grande do Norte, por el que aceptó recibir una remuneración anual de 18,7 millones de reales (unos US$9,3 millones), valor en 6,29% al propuesto por la Aneel.

 

E Isolux Energía y Participacoes, subsidiaria de Isolux en Brasil, se adjudicó el lote H, que incluye dos líneas de transmisión en Pará y Tocantins y por el que se comprometió a recibir 52,7 millones de reales (US$26,3 millones), con una renuncia de 15,1% sobre el valor original.

 

El lote A, compuesto por una línea de 408 kilómetros en el estado de Piauí, lo obtuvo el consorcio Gilbués, integrado por las empresas Engeglobal Construções Ltda y Bimetal Indústria Metalúrgica Ltda, que se comprometió a cobrar 34,5 millones de reales (unos US$17,3 millones), valor en 23,7% inferior al exigido.

 

El regulador concedió en total derechos para la construcción de 17 líneas de transmisión con 5.020 kilómetros de extensión.

 

Según la Aneel, los cuatro vencedores, de entre los once consorcios y nueve empresas que estaban calificados para la subasta, tendrán que realizar inversiones por cerca de 5.300 millones de reales (US$2.650 millones) en obras que exigirán la contratación de unos 18.356 empleados.

 

Los concesionarios tendrán plazos de entre 22 y 36 meses para concluir las obras y podrán operar las líneas de transmisión eléctrica por 30 años.