CAIXABANK DESEMBARCA EN BRASIL DE LA MANO DEL PAGO EN LOS COMERCIOS

CaixaBank ha confirmado hoy que ha alcanzado un acuerdo con Global Payments para empezar su presencia en Brasil a través de una empresa especializada en proporcionar medios de pago a los comercios, como adelanta hoy Expansión.

 

La compañía, participada al 50% por las dos sociedades, se llama Comercia Global Payments Brasil y supone la primera incursión en Brasil de CaixaBank y de Global Payments en América Latina.

 

Los dos socios vienen trabajando juntos, desde 2010, en el mercado español de servicios de pago a comercios, los terminales punto de venta con los que pagar mediante tarjetas, donde tienen una cuota de mercado del 24%. El acuerdo supone sumar los conocimientos tecnológicos y comerciales de las dos empresas para competir en un mercado que viene creciendo a ritmos del 20% anual. El mercado brasileño de pagos electrónicos durante 2012 mantuvo su ritmo de crecimiento y facturó 240.000 millones de euros, con un total de 487 millones de tarjetas en circulación. A finales del año pasado, el número de TPV alcanzó los 3,7 millones de unidades, concentradas, principalmente, en São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Global Payments realiza más de 6.000 millones de transacciones anuales en el mundo con un volumen de 450.000 millones de euros a través de dispositivos en un millón de comercios.

CAIXABANK VENDE UN 4% DE INBURSA A CARLOS SLIM

Caixabank ha obtenido unas plusvalías de 33 millones con la operación, colocando las acciones a una sociedad del propio Slim. El banco español también pretende colocar otro 6,4% del grupo mexicano y reducir su participación hasta entre el 9% y el 9,9%.

 

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco que preside Isidro Fainé ha informado de la venta a Inmobiliaria Carso de un paquete del 3,7% de Grupo Financiero Inbursa (GFI), del magnate mexicano Carlos Slim. El inversor, que llegó a ser consejero de CaixaBank, protagonizó a principios de mayo una importante operación en España, al entrar en el capital de Gas Natural. Slim tiene el 0,5% del capital de la gasista y una opción para llegar al 3%, con acciones que procederían de su aliado La Caixa. Este paquete se compone de 250 millones de acciones, a un precio de 26 pesos, por lo que la operación está valorada en 6.500 millones de pesos ó 387 millones de euros.

 

El principal accionista de Inbursa es el magnate mexicano Carlos Slim quien, junto con otros miembros de su familia, controla el 55,87% del banco, según la Memoria anual del grupo. Con esta venta, CaixaBank "ha generado una plusvalía neta de 33 millones de euros y mantiene una participación del 16,3% de las acciones en circulación de GFI", indica el banco español. Caixabank pretende reducir su participación en GFI hasta el 9% - 9,9% Por otro lado, la entidad que capitanea Fainé ha informado que presentará en los próximos días ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Mexicana una modificación del prospecto para colocar "aproximadamente" otro 6,4% de Inbursa. Caixabank desglosa la colocación del 6,4% de la siguiente manera.

 

"Aproximadamente el 4,5% de las acciones en circulación de GFI, se colocarán a través de un tramo para el mercado mexicano, mediante una oferta pública secundaria (OPS) de venta a través de la Bolsa Mexicana y un tramo para el mercado internacional, mediante una colocación privada, e incluirá una opción de sobreasignación a favor de las entidades colocadoras". En apoyo de la oferta, Inversora Bursátil, Casa de Bolsa, filial de Inbursa, ha acordado colocar, con anterioridad a la fijación del precio, el 30% de las acciones que finalmente se vendan (considerando esta porción ancla), al precio de la oferta y de manera condicionada a su liquidación. Se estima que bajo esta modalidad se vendan un máximo del 1,9% de las acciones en circulación de Inbursa, sin incluir la opción de sobreasignación que se concederá a favor de esta entidad colocadora. De esta manera, tras la oferta, "que se espera completar en este mes o el siguiente", CaixaBank conservaría entre el 9% y el 9,9% de las acciones de Inbursa, "dependiendo del ejercicio de las opciones de compra para la cobertura de sobreasignación", y mantendrá su compromiso con el proyecto de Inbursa y con sus principales accionistas, con quienes ha firmado un nuevo convenio para regular sus relaciones como accionistas de Inbursa. La oferta pública ha sido aprobada por los órganos de gobierno de CaixaBank y de GFI y aún está sujeta a la autorización del regulador de los mercados mexicano.

　

CUMBRE UE-CELAC. LAS EXPROPIACIONES A EMPRESAS ESPAÑOLAS Y COMO ESQUIVAR AL CIADI.

Las empresas españolas que han sufrido expropiaciones en diversos países de Latinoamérica empiezan a comprobar que el Gobierno de Mariano Rajoy "quizás y públicamente" no las ampara como quisieran. Ni el Gobierno del PP ni la CEOE han incluido en sus agendas oficiales la defensa de los intereses de Repsol, Iberdrola, Agroisleña y REE en la cumbre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) celebran este fin de semana en Chile. Una reunión en la que Argentina y Ecuador van a dar otra vuelta de tuerca a las relaciones con España.

Según distintas fuentes diplomáticas, el país gobernado por Cristina Fernández de Kirchner y el dirigido por Rafael Correa van a llevar a este encuentro una propuesta para que las naciones que integran el bloque sudamericano no tengan que someterse a los dictámenes de los tribunales internacionales de arbitraje para resolver sus batallas legales. Es decir, que las medidas empresariales que afecten a otros países no tengan que ser resueltas por el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI).

La iniciativa de Argentina y Ecuador supone un revés para las empresas españolas que han sufrido confiscaciones de filiales en los últimos doce meses. La más grave fue la de YPF, la petrolera argentina cuyo principal accionista era Repsol. El Gobierno de Kirncher le expropió cerca del 57% del capital que estaba en manos del grupo presidido por Antonio Brufau sin abonar ninguna compensación. Precisamente, Repsol, tras varios meses intentando alcanzar un acuerdo, optó en diciembre por presentar una querella ante el CIADI para obtener una contraprestación de más de 10.500 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros.

El grupo energético controlado por La Caixa, Sacyr y Pemex denunció a Argentina por una medida “ilícita” y por la “violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de 1991”. Precisamente, Kirchner, apoyada por Correa, quiere romper esos 59 acuerdos internacionales, especialmente porque en los últimos tiempos ha cosechado 43 resoluciones en contra. Unas sentencias que suman 65.000 millones de dólares en reclamaciones, algunas de las cuales el país latinoamericano no ha acatado.

Sin embargo, y pese a que a la cumbre de la CELAC está previsto que vaya Angela Merkel, la canciller alemana, y el primer ministro de Francia, España no tiene previsto tratar ningún asunto referido a las expropiaciones sufridas por empresas europeas tanto en Argentina, como en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Fuentes próximas al Gobierno, que estará representado por Mariano Rajoy, han indicado que esos asuntos no están en la agenda oficial, aunque insinúan que se tratarán en reuniones privadas. La hoja de la ruta de la conferencia tiene como temas principales las inversiones en medio ambiente y el desarrollo sostenible, las pymes y el capital humano.  Cuestiones totalmente secundarias.

Fuentes cercanas a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo presidente, Juan Rosell, también acude a la cita, han confirmado que el conflicto de las confiscaciones de empresas españolas no está en el orden del día. Además, de Repsol, Iberdrola ha sufrido la toma de control de cuatro filiales por parte de Bolivia, país que el pasado año también le quitó la gestión a una subsidiaria de Red Eléctrica y que en 2006 había hecho algo similar con la petrolera.

Tres años sin justicia

No obstante, uno de los casos más longevos y que siguen sin resolución es el de Agroisleña, una empresa canaria dedicada a la distribución y venta de productos agroquímicas que Hugo Chavez hizo suya hace ya casi tres años. Venezuela expropió esta sociedad que tenía unas ventas totales de 1.250 millones de dólares y que contaba con una plantilla de 2.500 trabajadores directos. Pese a las reclamaciones de sus ejecutivos al Gobierno español para que protegiese sus derechos, ni el PSOE anteriormente ni el PP han movida ficha para resolver el conflicto.

Por su parte, Argentina también metió mano a la caja de Aguas de Barcelona, a la que le retiró una contrata, y a la de Endesa, a la que obligó a congelar las tarifas y a la que le provocó un agujero de 300 millones. Por otra, México confiscó una autopista a OHL valorada en 200 millones de euros, en el Estado de Puebla por un presunto incumplimiento de contrato.

Curiosamente, esta iniciativa de Ecuador llega cuando el país latinoamericano ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por su legislación en materia de ejecuciones hipotecarias.  Con esta vía judicial, Correa quiere proteger a los inmigrantes ecuatorianos que han vuelto a su país y a los que la banca española les reclama el pago de sus préstamos.

El Confidencial (25.01.2013)

¿VOLVERÁ REPSOL A VACA MUERTA EN ARGENTINA?

Según informaba America Económica a finales de diciembre, Repsol intenta negociar con el Gobierno de Cristina F. de Kirchner una salida al conflicto de YPF, en medio del caos energético que asola Argentina. Aún no es seguro que el principio de acuerdo de la compañía argentina con Chevron salga adelante y sin el respaldo de una multinacional nunca podría extraer el suministro suficiente para saciar las acuciantes necesidades energéticas del país. El objetivo de la española sería participar en Vaca Muerta, su último gran descubrimiento antes de la expropiación de YPF.

A principios de este mismo mes, el presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, un prestigioso ejecutivo colocado por Fernández de Kirchner para intentar ganar credibilidad ante los inversores, destacó el “buen clima” existente entre el Estado argentino y Repsol para poder alcanzar un acuerdo tras la expropiación, aunque aclaró que la polémica debe ser tratada por la Casa Rosada y los ámbitos diplomáticos.
 

Pero una semana después, YPF firmó con Chevron un principio de acuerdo sobre los términos y condiciones para poner en marcha el primer proyecto de desarrollo masivo de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Sin embargo, ambas partes se dieron un plazo de 120 días para concretar el acuerdo y en el sector no descartan que finalmente no llegue a buen puerto.
 

Vaca Muerta, un yacimiento que cuenta con recursos y reservas totales de casi 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, fue el último gran descubrimiento de Repsol antes de que el Gobierno argentino le expropiara su filial YPF. Y, quizás, el motivo de la expropiación, en opinión de los responsables de la compañía española, que han amenazado con denunciar a las petroleras que aprovechen la situación y exploten con YPF sus activos expoliados, como es el caso del acuerdo de Chevron.
 

Pese a lo complicado del acuerdo, el Gobierno de Mariano Rajoy aún sigue confiando en él. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, apuntó este fin de semana en una entrevista en ABC que tanto a Repsol como al Ejecutivo argentino "les interesa llegar a un acuerdo" . García-Margallo dijo que las conversaciones entre ambos gobiernos "no han cesado nunca".
 

Hace unos días, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) admitió a trámite la demanda de arbitraje presentada por Repsol contra el gobierno de Cristina Kirchner. La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación del país latinoamericano y se le condene por ello a restaurar la situación y a indemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados. Repsol era el accionista mayoritario de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía valoró en 10.500 millones de dólares.
 

La compañía que preside Antonio Brufau ha abierto además frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde interpuso una demanda de inconstitucionalidad, y ante la justicia estadounidense, ante la que denunció la vulneración de la normativa bursátil del país.

Un caso similar al de Chevron: Bridas.

Repsol ha notificado a Bridas, la empresa argentina controlada por la familia Bulgheroni, que ha emprendido acciones legales contra ella por la firma con YPF de un memorando de entendimiento para la explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Según fuentes jurídicas, la demanda se presentará contra la filial firmante del acuerdo, Bridas Internacional, que tiene sede en el paraíso fiscal de la ex colonia británica de Islas Vírgenes. Esta firma se ha sumado en su intención de participar en el megayacimiento de Vaca Muerta a otras compañías como la estadounidense Chevron, a la que Repsol también ha denunciado.

La carta de Repsol a Bridas en la que se comunica su intención de presentar acciones judiciales fue remitida el pasado 2 de enero, apenas una semana después de que la empresa firmase el acuerdo con YPF, en el que se prevén inversiones de 1.500 millones de dólares, unos 1.145 millones de euros, en un plan piloto para la perforación de 130 pozos.

Este memorando preliminar requiere su ratificación en el plazo de 60 días y cuenta con las firmas del presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, y de los titulares de Bridas, Carlos y Alejandro Bulgheroni. El convenio hace referencia a la explotación de hidrocaburos en un área de 663 kilómetros cuadrados en las zonas de Bajada de Añelo y de Bandurria, en Neuquén. “La cuestión es si la comunidad internacional va a hacer algo al respecto. (…) Es absurdo seguir comportándose como si nada hubiera pasado”, dijo el director de Relaciones Institucionales de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante un evento en el centro de análisis Hudson Institute en Washington. “Todo país, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, tienen que hacer que Argentina entienda que ser un miembro de la comunidad internacional conlleva obligaciones, y que si no (las cumple) el Estado de Derecho estará seriamente comprometido”, dijo Gonzalo Aizpiri.

El tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI, admitió en diciembre una demanda de Repsol contra Argentina por la nacionalización en mayo pasado de un 51% de las acciones de YPF, todas ellas procedentes del 57,4% en manos del grupo español.

Repsol busca una compensación de unos 10.000 millones de dólares. “Argentina es un miembro de la convención del CIADI, Argentina es llevado al CIADI constantemente, casi siempre pierde y nunca paga”, dijo el ejecutivo.

Aseguró que la situación energética en Argentina, que nacionalizó la empresa alegando falta de inversión de Repsol, “se ha deteriorado desde la confiscación”. La producción de petróleo y gas ha caído mientras que han subido los precios de la gasolina y el gas, afirmó Gonzalo Aizpiri. “Han tomado unas decisiones que si hubieran sido sugeridas por Repsol antes de la confiscación, hubieran sido consideradas absolutamente descabelladas”, señaló.

Si Argentina modifica su conducta y “empieza a hacer las cosas de manera diferente, creo que serían inmediatamente apoyados por la comunidad internacional”, dijo. “Las políticas económicas argentinas han ido desde una intervención ocasional del Estado en sectores clave, a un enfoque ostensiblemente estatista”, lamentó en el evento Lino Gutiérrez, exembajador de Estados Unidos en Argentina entre 2003 y 2006.

Washington suspendió a Argentina de su sistema de preferencias arancelarias en marzo de 2012 por indemnizaciones pendientes concedidas por el CIADI a dos empresas estadounidenses. Estados Unidos, que mantiene disputas comerciales y financieras con Argentina, vota regularmente contra la concesión de ciertos créditos a ese país en el seno del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

Por otra parte, algunos medios argentinos han especulado sobre un posible enfrentamiento entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, debido a la presencia de este último en Argentina a pesar de la expropiación que sufrió la petrolera a manos del Gobierno argentino hace apenas unos meses. En medio del conflicto se encontraría el máximo responsable de La Caixa, Isidro Fainé.

Lo cuenta el digital Urgente24, que ha construido su artículo destacando lo que tienen en común los tres dirigentes españoles: que son catalanes –Brufau y Gabarró de pueblos de Lérida, y Fainé del área de Barcelona- y que han pisado los mismos centros de estudio y preparación (como el IESE Business School). Según explica este medio de comunicación, el enfrentamiento entre Brufau y Gabarró se debe a las ventas de gas que Gas Natural Fenosa realiza a Argentina, y que estarían valoradas en unos 1.000 millones de euros. No obstante, la cifra, sin ser nada despreciable, es lo de menos. El quid de la cuestión se encuentra en el trasfondo: que Gas Natural Fenosa sigue firmando acuerdos y cerrando operaciones con Buenos Aires, aún después de que Cristina Fernández anunciase la expropiación de la filial argentina de Repsol, YPF, poco antes del verano.

El asunto va más allá de la supuesta amistad que pudiesen mantener Brufau y Gabarró. Y es que Repsol es accionista de Gas Natural Fenosa con el 32,21% de las acciones. Es entonces cuando entra en polémica también Fainé, pues La Caixa controla el 35% de Gas Natural Fenosa. Es decir, que según este periódico digital, aunque Brufau se ha mostrado contrario a que continúen las operaciones de la empresa de Gabarró en Argentina, Fainé ha evitado que se imponga su criterio.