Las empresas españolas que han sufrido expropiaciones en diversos
países de Latinoamérica empiezan a comprobar que el Gobierno de Mariano
Rajoy "quizás y públicamente" no las ampara como quisieran. Ni el Gobierno del PP ni la CEOE han
incluido en sus agendas oficiales la defensa de los intereses de Repsol, Iberdrola, Agroisleña y REE en la cumbre que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) celebran este fin de semana en Chile. Una reunión en la que Argentina y Ecuador van a dar otra vuelta de tuerca a las relaciones con España.
Según distintas fuentes diplomáticas, el país gobernado por Cristina Fernández de Kirchner y el dirigido por Rafael Correa
van a llevar a este encuentro una propuesta para que las naciones que
integran el bloque sudamericano no tengan que someterse a los dictámenes
de los tribunales internacionales de arbitraje para resolver sus
batallas legales. Es decir, que las medidas empresariales que afecten a
otros países no tengan que ser resueltas por el Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI).
La
iniciativa de Argentina y Ecuador supone un revés para las empresas
españolas que han sufrido confiscaciones de filiales en los últimos doce
meses. La más grave fue la de YPF, la petrolera argentina cuyo
principal accionista era Repsol. El Gobierno de Kirncher le expropió
cerca del 57% del capital que estaba en manos del grupo presidido por Antonio Brufau
sin abonar ninguna compensación. Precisamente, Repsol, tras varios
meses intentando alcanzar un acuerdo, optó en diciembre por presentar
una querella ante el CIADI para obtener una contraprestación de más de 10.500 millones de dólares, unos 8.000 millones de euros.
El grupo energético controlado por La Caixa, Sacyr y Pemex
denunció a Argentina por una medida “ilícita” y por la “violación del
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el
Reino de España y la República Argentina firmado el 3 de octubre de
1991”. Precisamente, Kirchner, apoyada por Correa, quiere romper esos 59 acuerdos internacionales,
especialmente porque en los últimos tiempos ha cosechado 43
resoluciones en contra. Unas sentencias que suman 65.000 millones de
dólares en reclamaciones, algunas de las cuales el país latinoamericano
no ha acatado.
Sin embargo, y pese a que a la cumbre de la CELAC está previsto que vaya Angela Merkel,
la canciller alemana, y el primer ministro de Francia, España no tiene
previsto tratar ningún asunto referido a las expropiaciones sufridas por
empresas europeas tanto en Argentina, como en Venezuela, Ecuador y
Bolivia. Fuentes próximas al Gobierno, que estará representado por
Mariano Rajoy, han indicado que esos asuntos no están en la agenda
oficial, aunque insinúan que se tratarán en reuniones privadas. La hoja
de la ruta de la conferencia tiene como temas principales las
inversiones en medio ambiente y el desarrollo sostenible, las pymes y el
capital humano. Cuestiones totalmente secundarias.
Fuentes cercanas a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
cuyo presidente, Juan Rosell, también acude a la cita, han confirmado
que el conflicto de las confiscaciones de empresas españolas no está en
el orden del día. Además, de Repsol, Iberdrola ha sufrido la toma de control de cuatro filiales por parte de Bolivia,
país que el pasado año también le quitó la gestión a una subsidiaria de
Red Eléctrica y que en 2006 había hecho algo similar con la petrolera.
Tres años sin justicia
No obstante, uno de los casos más longevos y que siguen sin resolución es el de Agroisleña, una empresa canaria dedicada a la distribución y venta de productos agroquímicas que Hugo Chavez
hizo suya hace ya casi tres años. Venezuela expropió esta sociedad que
tenía unas ventas totales de 1.250 millones de dólares y que contaba con
una plantilla de 2.500 trabajadores directos. Pese a las reclamaciones
de sus ejecutivos al Gobierno español para que protegiese sus derechos,
ni el PSOE anteriormente ni el PP han movida ficha para resolver el
conflicto.
Por su parte, Argentina también metió mano a la caja de Aguas de Barcelona, a la que le retiró una contrata, y a la de Endesa,
a la que obligó a congelar las tarifas y a la que le provocó un agujero
de 300 millones. Por otra, México confiscó una autopista a OHL valorada
en 200 millones de euros, en el Estado de Puebla por un presunto
incumplimiento de contrato.
Curiosamente, esta iniciativa de Ecuador llega cuando el país latinoamericano ha demandado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo
por su legislación en materia de ejecuciones hipotecarias. Con esta
vía judicial, Correa quiere proteger a los inmigrantes ecuatorianos que
han vuelto a su país y a los que la banca española les reclama el pago
de sus préstamos.
El Confidencial (25.01.2013)
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