Según informaba America Económica a finales de diciembre, Repsol intenta negociar con el Gobierno de Cristina F. de Kirchner una salida al conflicto de YPF, en medio del caos energético que asola Argentina. Aún no es seguro que el principio de acuerdo de la compañía argentina con Chevron salga adelante y sin el respaldo de una multinacional nunca podría extraer el suministro suficiente para saciar las acuciantes necesidades energéticas del país. El objetivo de la española sería participar en Vaca Muerta, su último gran descubrimiento antes de la expropiación de YPF.
A principios de este mismo mes, el presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, un prestigioso ejecutivo colocado por Fernández de Kirchner para intentar ganar credibilidad ante los inversores, destacó el “buen clima” existente entre el Estado argentino y Repsol para poder alcanzar un acuerdo tras la expropiación, aunque aclaró que la polémica debe ser tratada por la Casa Rosada y los ámbitos diplomáticos.
Pero una semana después, YPF firmó con Chevron un principio de acuerdo sobre los términos y condiciones para poner en marcha el primer proyecto de desarrollo masivo de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Sin embargo, ambas partes se dieron un plazo de 120 días para concretar el acuerdo y en el sector no descartan que finalmente no llegue a buen puerto.
Vaca Muerta, un yacimiento que cuenta con recursos y reservas totales de casi 23.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, fue el último gran descubrimiento de Repsol antes de que el Gobierno argentino le expropiara su filial YPF. Y, quizás, el motivo de la expropiación, en opinión de los responsables de la compañía española, que han amenazado con denunciar a las petroleras que aprovechen la situación y exploten con YPF sus activos expoliados, como es el caso del acuerdo de Chevron.
Pese a lo complicado del acuerdo, el Gobierno de Mariano Rajoy aún sigue confiando en él. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, apuntó este fin de semana en una entrevista en ABC que tanto a Repsol como al Ejecutivo argentino "les interesa llegar a un acuerdo" . García-Margallo dijo que las conversaciones entre ambos gobiernos "no han cesado nunca".
Hace unos días, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) admitió a trámite la demanda de arbitraje presentada por Repsol contra el gobierno de Cristina Kirchner. La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación del país latinoamericano y se le condene por ello a restaurar la situación y a indemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados. Repsol era el accionista mayoritario de YPF, con el 57,4% del capital, una participación que la compañía valoró en 10.500 millones de dólares.
La compañía que preside Antonio Brufau ha abierto además frentes judiciales por la expropiación de YPF en Argentina, donde interpuso una demanda de inconstitucionalidad, y ante la justicia estadounidense, ante la que denunció la vulneración de la normativa bursátil del país.
Un caso similar al de Chevron: Bridas.
Repsol ha notificado a Bridas, la empresa argentina controlada por la familia Bulgheroni, que ha emprendido acciones legales contra ella por la firma con YPF de un memorando de entendimiento para la explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Según fuentes jurídicas, la demanda se presentará contra la filial firmante del acuerdo, Bridas Internacional, que tiene sede en el paraíso fiscal de la ex colonia británica de Islas Vírgenes. Esta firma se ha sumado en su intención de participar en el megayacimiento de Vaca Muerta a otras compañías como la estadounidense Chevron, a la que Repsol también ha denunciado.
La carta de Repsol a Bridas en la que se comunica su intención de presentar acciones judiciales fue remitida el pasado 2 de enero, apenas una semana después de que la empresa firmase el acuerdo con YPF, en el que se prevén inversiones de 1.500 millones de dólares, unos 1.145 millones de euros, en un plan piloto para la perforación de 130 pozos.
Este memorando preliminar requiere su ratificación en el plazo de 60 días y cuenta con las firmas del presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, y de los titulares de Bridas, Carlos y Alejandro Bulgheroni. El convenio hace referencia a la explotación de hidrocaburos en un área de 663 kilómetros cuadrados en las zonas de Bajada de Añelo y de Bandurria, en Neuquén. “La cuestión es si la comunidad internacional va a hacer algo al respecto. (…) Es absurdo seguir comportándose como si nada hubiera pasado”, dijo el director de Relaciones Institucionales de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante un evento en el centro de análisis Hudson Institute en Washington. “Todo país, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, tienen que hacer que Argentina entienda que ser un miembro de la comunidad internacional conlleva obligaciones, y que si no (las cumple) el Estado de Derecho estará seriamente comprometido”, dijo Gonzalo Aizpiri.
El tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI, admitió en diciembre una demanda de Repsol contra Argentina por la nacionalización en mayo pasado de un 51% de las acciones de YPF, todas ellas procedentes del 57,4% en manos del grupo español.
Repsol busca una compensación de unos 10.000 millones de dólares. “Argentina es un miembro de la convención del CIADI, Argentina es llevado al CIADI constantemente, casi siempre pierde y nunca paga”, dijo el ejecutivo.
Aseguró que la situación energética en Argentina, que nacionalizó la empresa alegando falta de inversión de Repsol, “se ha deteriorado desde la confiscación”. La producción de petróleo y gas ha caído mientras que han subido los precios de la gasolina y el gas, afirmó Gonzalo Aizpiri. “Han tomado unas decisiones que si hubieran sido sugeridas por Repsol antes de la confiscación, hubieran sido consideradas absolutamente descabelladas”, señaló.
Si Argentina modifica su conducta y “empieza a hacer las cosas de manera diferente, creo que serían inmediatamente apoyados por la comunidad internacional”, dijo. “Las políticas económicas argentinas han ido desde una intervención ocasional del Estado en sectores clave, a un enfoque ostensiblemente estatista”, lamentó en el evento Lino Gutiérrez, exembajador de Estados Unidos en Argentina entre 2003 y 2006.
Washington suspendió a Argentina de su sistema de preferencias arancelarias en marzo de 2012 por indemnizaciones pendientes concedidas por el CIADI a dos empresas estadounidenses. Estados Unidos, que mantiene disputas comerciales y financieras con Argentina, vota regularmente contra la concesión de ciertos créditos a ese país en el seno del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La carta de Repsol a Bridas en la que se comunica su intención de presentar acciones judiciales fue remitida el pasado 2 de enero, apenas una semana después de que la empresa firmase el acuerdo con YPF, en el que se prevén inversiones de 1.500 millones de dólares, unos 1.145 millones de euros, en un plan piloto para la perforación de 130 pozos.
Este memorando preliminar requiere su ratificación en el plazo de 60 días y cuenta con las firmas del presidente y consejero delegado de YPF, Miguel Galuccio, y de los titulares de Bridas, Carlos y Alejandro Bulgheroni. El convenio hace referencia a la explotación de hidrocaburos en un área de 663 kilómetros cuadrados en las zonas de Bajada de Añelo y de Bandurria, en Neuquén. “La cuestión es si la comunidad internacional va a hacer algo al respecto. (…) Es absurdo seguir comportándose como si nada hubiera pasado”, dijo el director de Relaciones Institucionales de Repsol, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante un evento en el centro de análisis Hudson Institute en Washington. “Todo país, Estados Unidos, la Unión Europea y otros, tienen que hacer que Argentina entienda que ser un miembro de la comunidad internacional conlleva obligaciones, y que si no (las cumple) el Estado de Derecho estará seriamente comprometido”, dijo Gonzalo Aizpiri.
El tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, el CIADI, admitió en diciembre una demanda de Repsol contra Argentina por la nacionalización en mayo pasado de un 51% de las acciones de YPF, todas ellas procedentes del 57,4% en manos del grupo español.
Repsol busca una compensación de unos 10.000 millones de dólares. “Argentina es un miembro de la convención del CIADI, Argentina es llevado al CIADI constantemente, casi siempre pierde y nunca paga”, dijo el ejecutivo.
Aseguró que la situación energética en Argentina, que nacionalizó la empresa alegando falta de inversión de Repsol, “se ha deteriorado desde la confiscación”. La producción de petróleo y gas ha caído mientras que han subido los precios de la gasolina y el gas, afirmó Gonzalo Aizpiri. “Han tomado unas decisiones que si hubieran sido sugeridas por Repsol antes de la confiscación, hubieran sido consideradas absolutamente descabelladas”, señaló.
Si Argentina modifica su conducta y “empieza a hacer las cosas de manera diferente, creo que serían inmediatamente apoyados por la comunidad internacional”, dijo. “Las políticas económicas argentinas han ido desde una intervención ocasional del Estado en sectores clave, a un enfoque ostensiblemente estatista”, lamentó en el evento Lino Gutiérrez, exembajador de Estados Unidos en Argentina entre 2003 y 2006.
Washington suspendió a Argentina de su sistema de preferencias arancelarias en marzo de 2012 por indemnizaciones pendientes concedidas por el CIADI a dos empresas estadounidenses. Estados Unidos, que mantiene disputas comerciales y financieras con Argentina, vota regularmente contra la concesión de ciertos créditos a ese país en el seno del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por otra parte, algunos medios argentinos han especulado sobre un posible enfrentamiento entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró, debido a la presencia de este último en Argentina a pesar de la expropiación que sufrió la petrolera a manos del Gobierno argentino hace apenas unos meses. En medio del conflicto se encontraría el máximo responsable de La Caixa, Isidro Fainé.
Lo cuenta el digital Urgente24, que ha construido su artículo destacando lo que tienen en común los tres dirigentes españoles: que son catalanes –Brufau y Gabarró de pueblos de Lérida, y Fainé del área de Barcelona- y que han pisado los mismos centros de estudio y preparación (como el IESE Business School). Según explica este medio de comunicación, el enfrentamiento entre Brufau y Gabarró se debe a las ventas de gas que Gas Natural Fenosa realiza a Argentina, y que estarían valoradas en unos 1.000 millones de euros. No obstante, la cifra, sin ser nada despreciable, es lo de menos. El quid de la cuestión se encuentra en el trasfondo: que Gas Natural Fenosa sigue firmando acuerdos y cerrando operaciones con Buenos Aires, aún después de que Cristina Fernández anunciase la expropiación de la filial argentina de Repsol, YPF, poco antes del verano.
El asunto va más allá de la supuesta amistad que pudiesen mantener Brufau y Gabarró. Y es que Repsol es accionista de Gas Natural Fenosa con el 32,21% de las acciones. Es entonces cuando entra en polémica también Fainé, pues La Caixa controla el 35% de Gas Natural Fenosa. Es decir, que según este periódico digital, aunque Brufau se ha mostrado contrario a que continúen las operaciones de la empresa de Gabarró en Argentina, Fainé ha evitado que se imponga su criterio.
Lo cuenta el digital Urgente24, que ha construido su artículo destacando lo que tienen en común los tres dirigentes españoles: que son catalanes –Brufau y Gabarró de pueblos de Lérida, y Fainé del área de Barcelona- y que han pisado los mismos centros de estudio y preparación (como el IESE Business School). Según explica este medio de comunicación, el enfrentamiento entre Brufau y Gabarró se debe a las ventas de gas que Gas Natural Fenosa realiza a Argentina, y que estarían valoradas en unos 1.000 millones de euros. No obstante, la cifra, sin ser nada despreciable, es lo de menos. El quid de la cuestión se encuentra en el trasfondo: que Gas Natural Fenosa sigue firmando acuerdos y cerrando operaciones con Buenos Aires, aún después de que Cristina Fernández anunciase la expropiación de la filial argentina de Repsol, YPF, poco antes del verano.
El asunto va más allá de la supuesta amistad que pudiesen mantener Brufau y Gabarró. Y es que Repsol es accionista de Gas Natural Fenosa con el 32,21% de las acciones. Es entonces cuando entra en polémica también Fainé, pues La Caixa controla el 35% de Gas Natural Fenosa. Es decir, que según este periódico digital, aunque Brufau se ha mostrado contrario a que continúen las operaciones de la empresa de Gabarró en Argentina, Fainé ha evitado que se imponga su criterio.
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